4 de mayo de 2005

Hace bien Condoleezza Rice en prestarle atención a América Latina. Los problemas son graves, de alguna manera acabarán afectando a Estados Unidos, y se potencian unos a otros. En síntesis, toda América, aunque de forma desigual, se enfrenta a una creciente embestida de la delincuencia común, frecuentemente aliada a la subversión política, ambas impulsadas por dos fuerzas formidables: los enormes recursos de las narcoguerrillas comunistas de Colombia más los petrodólares de Hugo Chávez, el máximo caudillo de la izquierda bananera, empeñado en rediseñar el mapa político de América Latina.

La mejor síntesis de esta peligrosa simbiosis se vio recientemente en un triste suceso ocurrido en Paraguay. Hace pocos meses, Cecilia, joven hija de Raúl Cubas, ex presidente de ese país, fue secuestrada y asesinada por militantes de Patria Libre, un partido paraguayo de extrema izquierda que solicitó por ella un millonario rescate. El grupo pertenece al Foro de Sao Paulo, una especie de internacional donde coinciden desde los chavistas del Movimiento Quinta República hasta los sandinistas nicaragüenses, y en el que son singularmente importantes los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Precisamente, uno de los dirigentes de las FARC, el colombiano Rodrigo Granda, a quien el gobierno de Hugo Chávez le había otorgado la ciudadanía y el pasaporte venezolanos para que pudiera desplazarse libremente por el mundo, fue el asesor “técnico” de los criminales paraguayos. Poco después de estos hechos, Granda fue raptado en las calles de Caracas y “vendido” al gobierno colombiano por unos militares venezolanos convertidos por su propia cuenta en “caza-recompensas”, lo que motivó la ira de Chávez y de su vicepresidente Rangel, empeñados en defender enérgicamente al delincuente colombiano.

¿Cuál es la importancia de este hecho? Evidente: ahí aparecen encapsulados el problema y su extraordinaria peligrosidad. Está la larga mano de la narcoguerrilla comunista colombiana, repleta de dólares procedentes del tráfico de cocaína, capaz de operar en Paraguay, a miles de kilómetros de distancia. Está la complicidad ideológica y estratégica entre Patria Libre, las FARC y el chavismo. Está la colaboración mafiosa entre grupos que han convertido los secuestros, los asesinatos y el narcotráfico en una práctica común justificada como armas válidas en “la lucha contra el imperialismo yanqui y el cruel capitalismo”. Y está, incluso, la indiferencia suicida del resto de América, que contempla estos sucesos como si fueran anécdotas policíacas inconexas y no como lo que realmente son: ataques coordinados contra el corazón de la estabilidad democrática y la paz social en todo el Continente.

Súmesele a este panorama la existencia en Centroamérica de las “maras” formadas por miles de jóvenes pandilleros terriblemente crueles que ya comienzan a establecer contactos con las narcoguerrillas comunistas. Es el perfecto matrimonio: ¿dónde encontrar mejores aliados para traficar con armas y cocaína? Hoy son tres los países desbordados y casi impotentes ante esta forma violenta de delincuencia masiva: Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cuánto tiempo demorarán las maras centroamericanas en coordinar sus acciones criminales con los carteles de la droga mexicanos, proporcionándoles abundantes sicarios para cometer sus crímenes? Es posible que pronto la mancha de sangre también se extienda hacia Nicaragua y Panamá.

El terreno es fértil para que ello ocurra: la policía en esos países es muy débil y carece de recursos, el sistema judicial está politizado y es propenso a la corrupción, las cárceles, hacinadas y violentas, son verdaderas escuelas para continuar delinquiendo.

En grandes porciones de América Latina está sucediendo algo aterrador: el Estado es cada vez más incapaz de mantener el orden y garantizar la seguridad y la propiedad de las personas. En Argentina la crisis llega al extremo de que el gobierno es extorsionado por los “piqueteros” que exigen subsidios para dosificar sus desórdenes. En Ecuador comienza a confundirse el patriotismo con el motín callejero. En las zonas rurales de Colombia, Perú y Bolivia la violencia precipita grandes migraciones campesinas sobre ciudades que se calcutizan irremediablemente, creando las condiciones idóneas para la proliferación de la delincuencia.

A esta situación se le puede dar nombre: descivilización. América Latina, lentamente, se desciviliza, involuciona en dirección del caos. Los gobiernos pierden la capacidad para ejercer la autoridad. Las sociedades se sienten desprotegidas. Los delincuentes mandan, unas veces por su cuenta y otras asociados a policías corruptos. Los crímenes quedan impunes. Los jueces no juzgan con equidad. Los parlamentarios no legislan con sentido común. El Estado de Derecho y la delicada trama institucional de las repúblicas, simplemente, se van diluyendo ante la impotencia generalizada de la sociedad. Hace bien, pues, Condoleezza Rice en mirar hacia el sur. Hace algunos años los poetas nos advertían que “el sur también existe”. Puede que se trate de un espejismo.