Algunos minutos antes de las 10 de la mañana del 18 de julio de 1994, una enorme bomba destrozó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, matando a 85 personas e hiriendo a más de 300. La sangre derramada ese día, en un centro comunitario cuyo principal delito era ofrecer instalaciones educativas y recreativas a los judíos locales, transformó el atentado a la AMIA en el ataqué terrorista más mortífero que hubiera tenido lugar en territorio latinoamericano.
Mientras Argentina se prepara para conmemorar el 15º aniversario del atentado a la AMIA, ninguno de los sospechosos de haber cometido la atrocidad ha sido aprehendido, y menos aún, llevado ante la justicia. Durante 12 años, los esfuerzos de Argentina por investigar el atentado estuvieron plagados de incompetencia, corrupción, e intriga política. Sólo ahora, gracias a la participación de un fiscal decidido asignado a la causa, está emergiendo alguna claridad.
Los diferentes hilos de la investigación que se ha logrado desenmarañar apuntan convincentemente a los gobernantes clericales de Irán y a un hombre en particular- Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Últimamente señalado como potencial hacedor de reyes entre los elementos más astutos del régimen de Teherán, y considerado por algunos diplomáticos de Occidente como un interlocutor preferible al tosco Mahmoud Ahmadinejad, Rafsanjani era el presidente de Irán en esa aciaga mañana en Buenos Aires.
Igual que el primer atentado contra las Torres Gemelas ( World Trade Center) en 1993, o el de la embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998, el atentado a la AMIA nos recuerda que el mundo que ha surgido después de los ataques del 11 de septiembre no es tan distinto de aquel que lo precedió. Es cierto que en los anales de la crueldad humana, se recordará la década de 1990 más por los genocidios en Ruanda y Bosnia que por el terrorismo, pero los ataques azarosos, mortales, contra ciudadanos desprevenidos dedicados a su actividad habitual no eran algo insólito
Si bien grupos como el Ejército Republicano Irlandés y la organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna fueron capaces de cometer carnicerías espantosas, los atentados realmente espectaculares, entonces al igual que ahora, provinieron de grupos de Medio Oriente. Las fotografías tomadas después del atentado a la AMIA-- el edificio reducido a una cáscara quemada, la montaña de escombros, las expresiones de dolor de los testigos oculares atónitos por su tremenda dimensión—traen a la mente recuerdos de una atrocidad anterior, el ataque a los cuarteles de los Infantes de Marina estadounidenses en Beirut en 1983. Esto no es casual..
El ataque de Beirut, en el que perdieron la vida más de 350 personas, fue perpetrado por un grupo que rápidamente mutó a Hezbollah, el puesto de avanzada libanés de la revolución iraní. El principal efectivo de Hezbollah a cargo del ataque, Imad Mughniyeh, presuntamente también desempeñó un rol esencial en el atentado de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y el ataque aún más mortífero a la AMIA dos años después.
Para el momento en que mataron a Mughniyeh en 2008, con un coche-bomba en Damasco, atentado por el que previsiblemente se culpó a los israelíes (como corresponde a un hombre con reputación tan temida, muchos en el mundo árabe deseaban su muerte), la orden de captura emitida por las autoridades argentinas tenía casi dos años de antigüedad. Junto con Mughniyeh, los argentinos solicitaron la captura de ocho destacados iraníes, incluyendo a Mohsen Rezaei, uno de los cuatro candidatos aprobados en las recientes elecciones presidenciales, y el ex. Presidente Rafsanjani, que hábilmente se ha renombrado reformista iraní.
Las potenciales consecuencias de todo esto son profundas. Las conexiones permanentes entre Irán y Hezbollah --apoyo financiero, suministros militares, respaldo teológico e ideológico- duran ya tres décadas e involucran a individuos que, dadas las actuales fisuras existentes dentro del régimen iraní, se consideran esenciales para el éxito de cualquier intento de Occidente de comprometer a Irán en relación con su programa nuclear. No por primera vez, existe una tensión inherente entre las exigencias de justicia y los imperativos de la conveniencia política.
Aún así, el fiscal del estado argentino Alberto Nisman ha adherido al principio moral que sostiene que si existen suficientes pruebas para relacionar a alguien con un delito, se lo debe juzgar, independientemente de quien sea. Según Nisman, los pagadores iraníes ordenaron a Hezbollah que perpetrara el atentado a la AMIA en una reunión que se llevó a cabo en la ciudad iraní de Mashad en 1993. Entre los presentes estaba el entonces presidente Rafsanjani, contra quien Nisman ha emitido una orden de captura, entre varias otras.
La decisión de aventurarse dondequiera lo guíen sus investigaciones ha caracterizado la labor de Nisman desde 2006, cuando se hizo cargo de la desacreditada investigación de la causa AMIA. Los interminables esfuerzos de sus predecesores, que llevaban ya más de una década, colapsaron entre pruebas de sobornos, intimidación a testigos, e interferencia política que llegó hasta el ex Presidente argentino Carlos Menem, acusado por Nisman de haber encubierto la participación en el atentado de un reconocido empresario local sirio.
El primer signo de que la renovada investigación estaba recuperando cierta credibilidad llegó en 2007, cuando Interpol, el organismo policial internacional emitió órdenes de captura conocidas como “alertas rojas” para seis de los ocho iraníes señalados por Nisman. Entre ellos estaba Mohsen Rezaei, el conservador que obtuvo poco menos de dos por ciento de los votos en las recientes elecciones, y que ha permanecido en silencio ante la extraordinaria represión posterior al discutido resultado.
Sin embargo Rafsanjani no estaba en la lista de Interpol, lo que generó la sospecha de que el organismo estaba evitando un enfrentamiento con los iraníes. Después de todo, resulta difícil creer, dada la estructura de toma de decisiones existente en Irán, que Rezaei, sus colegas, y sus socios de Hezbollah hubieran sido elegidos para llevar a cabo la operación AMIA sin la aprobación de Rafsanjani y el Líder Supremo Ayatolá Ali Jamenei, cuya cargo controla las políticas externa y de defensa de la República Islámica.
La conexión iraní no significa que ya no exista una causa en Argentina en relación con el atentado o las intrigas ulteriores. En marzo pasado, por ejemplo, hubo un despiadado ataque a un individuo que alertó sobre la comprometida investigación pre-Nisman—agresores que le advirtieron que “dejara de entrometerse” con el servicio de seguridad de Argentina le grabaron las letras AMIA en la espalda. Más recientemente, Jorge Palacios, un oficial de quien se sospecha que participó en el encubrimiento, fue nombrado jefe de la policía de Buenos Aires. Las dimensiones locales de la investigación están bastante turbias cuanto menos.
Sin embargo, según ha demostrado Alberto Nisman, se debe establecer una distinción entre los responsables del atentado y quienes han operado en secreto encubriendo dicha responsabilidad. Allí se halla la importancia del aval de Interpol a la conexión iraní, aún si el organismo no está tan convencido como Nisman de que el rastro llega incluso hasta Rafsanjani.
Elocuentemente, los iraníes recurrieron a su ampulosidad habitual al negar su participación en el atentado a la AMIA, en lugar de aportar pruebas concretas que puedan contradecir las acusaciones de Nisman. Al rechazar la solicitud de Argentina para la extradición de Rafsanjani y los otros iraníes, Teherán acusó a Interpol de “sucumbir ante el régimen sionista”.
Irónicamente, si los golpes iraníes contra dicho régimen sionista se basan en la teoría de la conspiración, los temores de Occidente de que América Latina pueda sucumbir ante el régimen islámico tienen un sustento más sólido. En enero el Secretario de Defensa Robert Gates dijo a la Comisión de Servicios Armados del Senado que las actividades iraníes en el continente le preocupaban mucho más que los últimos esfuerzos de Rusia por tratar de congraciarse allí. La formación de un conjunto de gobiernos anti-norteamericanos en países como Bolivia, Nicaragua y, especialmente, Venezuela—cuyo gobernante demagogo Hugo Chávez fue el primer líder extranjero en felicitar a Ahmadinejad por su reciente “victoria” en las elecciones—ha otorgado por primera vez a los iraníes, una esfera de influencia fuera del mundo islámico.
Esa es la razón por la que a pesar de las debilidades existentes dentro del régimen iraní desenmascaradas por la reciente ola de protestas, sigue siendo difícil imaginar el día en que Rafsanjani ingrese a un tribunal de Buenos Aires para responder a las acusaciones de Nisman. Pero incluso si nunca se llevase a los sospechosos ante la justicia, Nisman igualmente habrá prestado un servicio invalorable al solicitar los pedidos de captura.
Cualquiera que piense que la intransigencia iraní comienza y termina con Ahmadinejad deberá explicar por qué Rafsanjani es aquel al que se puede describir con mayor justificación como un forajido. Porque la lección última de la atrocidad de la AMIA es quizás sólo esta: que lo que une a los distintos personajes que conforman la política iraní –la preservación de la República Islámica, el deseo de adquirir influencia externa, la determinación compulsiva hacia las armas nucleares, la disposición a tolerar a grupos verdaderamente asesinos que operan en cualquier parte –es más importante que lo que los separa.
Ben Cohen es director adjunto de comunicaciones del American Jewish Committee. Participa en blogs en Z Word.
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