Haciendo caso omiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el régimen de Irán, según evaluaciones actuales de EE.UU., está avanzando hacia la adquisición de capacidad de armas nucleares. A menos que se logre detener su programa, se espera que Irán tenga capacidad de producir armas nucleares en el curso de los próximos años. Nuestro partido está decidido a evitar que Irán adquiera dicha capacidad. Debido a que la teocracia que gobierna en Irán predica una ideología apocalíptica, y puede estar dispuesta a sacrificar a su propio pueblo para lograr sus objetivos, no podemos confiar en el temor a las represalias para disuadir a Irán del uso de un arma nuclear; por lo tanto, no podemos aceptar un Irán nuclear.

Intensificaremos los esfuerzos de EE.UU. –y su cooperación con otras naciones—para presionar a Irán a fin de que suspenda su programa nuclear, recurriendo a un amplio rango de opciones políticas, incluyendo medidas diplomáticas, políticas, económicas, y estratégicas. La urgencia de esta amenaza exige que se abandone la postura de “recurrir a lo de siempre” que aún mantienen demasiados miembros de la comunidad internacional, imploramos a otras naciones que adapten sus prácticas comerciales y de inversión, como lo ha hecho EE.UU., al imperativo de aplicar presión consistente para inducir a Irán a poner fin a su desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y detener su carrera temeraria hacia la obtención de armas nucleares.

EE.UU. no permitirá que Irán crea que puede escapar a la voluntad de la comunidad internacional iniciando un diálogo con EE.UU., así como tampoco permitirá que Irán recurra a la diplomacia como escudo para continuar su búsqueda imprudente de capacidad de armas nucleares. No es negociable la exigencia del Consejo de Seguridad de la ONU de que Irán suspenda comprobablemente el enriquecimiento de uranio.

Terrorismo internacional y local: la difusión del islamismo político radical y el terrorismo que alienta plantean graves amenazas a los intereses y aliados de EE.UU. así como al avance de la libertad y la democracia. Nuestro partido hace un llamamiento a una mayor vigilancia permanente por parte de EE.UU. contra las amenazas terroristas en todo el mundo, y avala el financiamiento adecuado para asegurar que los organismos gubernamentales responsables de la seguridad interior y las operaciones de contraterrorismo de EE.UU. cuenten con los recursos que necesitan.

Nos comprometemos a ejercer presión permanente sobre los estados patrocinadores y partidarios del terrorismo, y nos oponemos a levantar las sanciones estadounidenses contra ellos, hasta que dichos regímenes violentos y opresores pongan fin a su participación en actividades ajenas a la sociedad civilizada. En este sentido, la presencia continua de militantes de Hezbollah fuertemente armados en el sur del Líbano implica un desacato a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU; pretendemos el pleno cumplimiento de la misma.

Avalamos una respuesta multifacética al flagelo global del terrorismo, incluyendo legislación anti-terrorista enérgica y abarcativa que proteja los derechos individuales y mantenga las garantías legales. Estaremos atentos a estas amenazas a nuestra seguridad nacional aún mientras buscamos transparencia y responsabilidad en nuestras prácticas de seguridad.

Proliferación de armas de destrucción masiva: nuestro partido está comprometido con la obtención de medidas eficaces para frustrar la proliferación de armas de destrucción masiva. Además de evitar que Irán adquiera y desarrolle armas nucleares, Estados Unidos debe incorporar como prioridad urgente la continuación de su tarea tendiente a reducir las reservas de armas de destrucción masiva, interrumpir las pruebas, y garantizar que las armas y los materiales para producirlas no caigan en manos irresponsables. En la ex-Unión Soviética y en otros sitios, cantidades significativas de armas nucleares, químicas, y biológicas no son objeto de control eficaz del gobierno, y significan una amenaza crítica a la seguridad global. El próximo gobierno debe abordar este peligro con la seriedad que merece, y comprometerse a asignar recursos adecuados para resolver el problema con eficacia

Rol global de EE.UU.: Actualmente, y tanto como siempre, Estados Unidos debe contar con los recursos necesarios para desempeñar su rol de liderazgo y enfrentar los problemas globales cruciales—incluyendo la guerra internacional contra el terrorismo, hacer frente a otras amenazas clave, fortalecer las relaciones con otros países, resolver los conflictos regionales, proteger los derechos humanos a nivel internacional, promover la democracia y la tolerancia, apoyar el desarrollos económico sustentable, y brindar ayuda humanitaria en forma urgente. Seguiremos adelante con los esfuerzos estadounidenses por promover los derechos humanos, fomentando las políticas norteamericanas que alientan consideradamente la reforma política, la libertad de prensa y expresión, el pluralismo democrático, y el imperio de la ley en los estados de Medio Oriente que aún no han abrazado la democracia; también nos esforzaremos por proteger a las comunidades religiosas y étnicas minoritarias en dichos países. En particular, EE.UU. debe llevar adelante sus compromisos de financiar la democratización y reconstrucción de Afganistán e Irak.

Con respecto a otras regiones del mundo, creemos que es imperativo que EE.UU. haga énfasis en su relación central, histórica con Europa, su cooperación con la Unión Europea, y su compromiso con la alianza transatlántica –en particular, su participación y dependencia en la OTAN. Nuestra nación continuará incrementando el entendimiento y la solidaridad transatlántica en relación con asuntos de importancia global y preocupación mutua. Promover una agenda común con nuestros aliados europeos es clave para nuestros esfuerzos de hacer frente a los desafíos transnacionales más urgentes, que comprenden desde la no-proliferación y la limitación de la difusión del extremismo, a la promoción de valores democráticos, pluralismo y derechos humanos en todo el mundo. Estamos comprometidos en asociaciones transatlánticas en busca de la paz árabe-israelí; el desarrollo de una política energética global; el mantenimiento de un frente unido contra la amenaza nuclear iraní; abordajes comunes al combate contra el terrorismo; y dar respuesta a las crisis humanitarias y los movimientos genocidas en todo el mundo. Además, apoyamos la ampliación del Programa de Exención de Visa para que incluya a nuestros aliados más cercanos de Europa Central y del Este, así como los esfuerzos por presionar a los gobiernos de Europa oriental para que den respuesta a las cuestiones relacionadas con el Holocausto, como la restitución y la resolución efectiva de los reclamos no resueltos de los sobrevivientes del Holocausto y sus herederos.

Consideramos imperativo que nuestro país aumente su cooperación con los gobiernos, la sociedad civil, y el sector privado de América Latina para continuar promoviendo acuerdos y políticas innovadoras que permitan el avance del desarrollo económico y la integración, y el respeto por los derechos humanos en la región. Consideramos que donde prevalece la inequidad, la inseguridad pública y la corrupción frecuentemente encuentran terreno fértil el antisemitismo, la intolerancia y el terrorismo –poniendo en peligro el bienestar y la seguridad de las Américas. Como parte del esfuerzo para construir un mañana mejor en este hemisferio, apoyamos legislación que facilite la iniciativa de Mérida, un proyecto conjunto de EE.UU. y México que apunta al tráfico de drogas y otras empresas delictivas, y los acuerdos de libre comercio pendientes con Colombia y Panamá.

Es igualmente imperativo que EE.UU. fortalezca sus vínculos económicos y estratégicos con las potencias emergentes de Asia. Además de contribuir directamente a la seguridad de Estados Unidos, esto generará un beneficio indirecto al promover economías de mercado y liberalización política, y al combatir condiciones que explotan las fuerzas extremistas. Apoyamos los esfuerzos legislativos tendientes a alentar el libre comercio con la República de Corea, y promover el acuerdo sobre cooperación nuclear civil entre EE.UU. e India. Seguimos preocupados por la revocación de la designación formal de Corea del Norte como “estado patrocinador de terrorismo” hasta que revele plenamente todas sus actividades de proliferación nuclear.

Intensificaremos el compromiso de EE.UU. con África. Como prioridad humanitaria, intentaremos aliviar el sufrimiento de los pueblos africanos víctimas de periódicos desastres naturales y provocados por el hombre; nos comprometemos a aportar sustancial ayuda para enfrentar las múltiples y abrumadoras pandemias, como VIH/SIDA, malaria, y tuberculosis. Apoyamos un abordaje no ideológico a la planificación familiar y los derechos de la mujer en general, la promoción del comercio que permitirá a los africanos llevar a la práctica el potencial de su desarrollo económico, asistencia a las sociedades civiles de África con miras a desarrollar valores de buena gobernabilidad y pluralismo, programas de asistencia (como Millennium Challenge Account) diseñado para reducir la pobreza y alentar la transparencia en ambientes donde las comunidades locales se hacen responsables del cambio, participar enérgicamente en la resolución de conflictos y apoyo permanente a los esfuerzos por lograr la paz, y énfasis en la seguridad que emane de una postura al continente basada en el desarrollo.

Naciones Unidas: Nuestro partido tiene la firme convicción que las soluciones a los problemas globales de paz y seguridad, promoción económica, derechos humanos y contra-terrorismo requieren la cooperación internacional. Mantener organizaciones internacionales eficientes –ya sea Naciones Unidas, OSCE, OTAN, u organismos especializados como ACNUR—para trabajar en forma cooperativa con otras naciones, es una manera de velar por el interés nacional de EE.UU. La participación multilateral activa es esencial para sostener las alianzas de EE.UU. en todo el mundo y mantener seguros a los norteamericanos. La participación en entidades multilaterales podrá garantizar que Estados Unidos no tenga que soportar la totalidad de la carga de la paz y seguridad internacionales, los desafíos del terrorismo, proliferación nuclear, o regímenes inestables, de masivas oleadas de refugiados o emergencias humanitarias, o de crisis ambientales, sanitarias y de otra índole. Puesto que una ONU eficaz es indispensable para fomentar la cooperación global, promover la resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz, promover y proteger los derechos humanos, y dar respuesta a las necesidades de las naciones menos desarrolladas del mundo, nos comprometemos a que EE.UU. cumpla sus compromisos financieros con la ONU pagando sus cuotas y evaluaciones puntualmente y en su totalidad.

Al mismo tiempo, la ONU deberá realizar y completar reformas significativas para fortalecer y tornar eficaces sus programas de derechos humanos y esfuerzos por mantener la paz. Más aún, la ONU debe recuperar su credibilidad y autoridad moral dando respuesta a su trato no equilibrado y discriminatorio hacia Israel. Nuestro partido está firmemente comprometido a poner fin al sesgo institucional de la ONU contra Israel en Naciones Unidas, que descarta las preocupaciones del estado judío sobre cuestiones relacionadas con seguridad, terrorismo, y paz. El próximo gobierno trabajará para lograr la integración plena de Israel en Naciones Unidas y en otros foros internacionales. También recurriremos a la posición de EE.UU. como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para vetar resoluciones que condenan a Israel y lo somete a normas que no se aplican a ningún otro país.

Los países islámicos y árabes manipulan el sistema de voto regional en bloque de la ONU para convertir a Israel en el principal destinatario de oprobio en Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas habitualmente aprueba al menos veinte resoluciones anuales que condenan a Israel –mientras presta poca o ninguna atención a muchos de los regímenes más represores del mundo e infractores abusivos de los derechos humanos. Si bien a Israel se lo admitió temporariamente al Grupo de Europa Occidental y Otros Estados en 2000, dicho estado es temporario, e Israel no puede ser elegido para el Consejo de Seguridad –el único miembro de la ONU que sufre esta discapacidad. Quizás más perturbador resulta el hecho que la ONU mantiene una burocracia especial cuya única misión es difundir propaganda contra Israel—con el sello de la ONU. Tres resoluciones anuales de la Asamblea General mantienen y financian esta burocracia anti-Israel; nos comprometemos a eliminarlas. Más aún, el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU individualiza de manera singular a Israel para censurarlo basándose en normas que no se aplican a ninguna otra nación, al tiempo que no toma ninguna acción respecto de muchos de los abusadores de derechos humanos más egregios del mundo.

Intolerancia., antisemitismo, y el clima de las relaciones entre grupos: desde el comienzo de este siglo, después del colapso del Proceso de Paz de Medio Oriente, la virulencia antisemita que manchó la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban, y los atentados del 11 de septiembre, ha reaparecido el antisemitismo como problema global que amenaza no sólo a los judíos sino también al tejido de muchas sociedades. Los delitos de odio contra los judíos han aumentado notablemente en partes de Europa Oriental y Occidental. La demonización del Estado de Israel es una preocupación creciente, también, particularmente el notorio esfuerzo de algunas instituciones mayoritarias –incluyendo ciertos sindicatos y asociaciones profesionales— por convertir a Israel en el equivalente de la Sudáfrica de la era del Apartheid, destinatario de boicots, desinversión y sanciones. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha sido un perpetrador agresivo de antisemitismo, amenazando con causar un nuevo Holocausto al mismo tiempo que niega la existencia del anterior.

Este aumento de antisemitismo se produce en un escenario más amplio de propaganda incendiaria contra EE.UU. y Occidente en general que alienta nuevos niveles peligrosos de intolerancia y abusos en el mundo –que estimula un ambiente apto para el terrorismo. Demasiados gobiernos, tanto radicales como moderados —incluyendo aliados putativos de EE.UU. – participan en la incitación anti-norteamericana. Lo más atemorizante es que en algunos lugares los mensajes contra Occidente, anti-cristianos, y antisemitas invaden los libros de texto escolares, formando parte de los programas de estudio con los que se educa a millones de niños. Dichos mensajes promueven una ideología de violencia y odio, socavando las perspectivas de paz en las próximas décadas. Estados Unidos hará saber a los gobiernos correspondientes que la imposibilidad de detener la incitación tendrá consecuencias para sus relaciones con Estados Unidos.

El gobierno de EE.UU. como baluarte de la libertad, continuará denunciando el antisemitismo y otras formas de intolerancia en todas sus manifestaciones, y trabajando para ayudar a las instituciones que lo combaten en todo el globo. A medida que se aproxime la Conferencia de Revisión de Durban de la ONU, EE.UU. actuará para evitar que se desvíe a la conferencia de su importante agenda contra la discriminación y se convierta en una repetición de la primera conferencia de Durban. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa es esencial para combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia en Europa; las autoridades estadounidenses alentarán y colaborarán con su tarea.

A nivel interno, EE.UU. responderá a la intolerancia y los delitos de odio que continúan afectando a nuestra sociedad. Aunque durante el curso de este siglo Estados Unidos se convertirá en un país con una mayoría de minorías, los delitos de odio contra las minorías, la violencia entre miembros de diferentes comunidades étnicas, incidentes de intolerancia en campus universitarios, y el uso de llamamientos políticos con connotaciones raciales y religiosas siguen siendo fenómenos preocupantes en nuestra nación.

La legislación y otras formas de control del gobierno tienen el poder de desinstitucionalizar la intolerancia y el odio al construir una respuesta planificada al odio en la sociedad. Por ejemplo le legislación bipartidista referida a los delitos de odio fortalecerá la legislación actual puesta en vigencia más de 30 años atrás, en la época de mayor difusión de los movimientos por los derechos civiles. Creemos que se requieren mejoras para dar respuesta a las dificultades reconocibles que suelen enfrentar los organismos de ejecución estaduales o locales para financiar, investigar o procesar los delitos de odio. Se debería implementar una mayor asistencia y capacitación federal para equipar mejor a los organismos de ejecución estaduales y locales para sus investigaciones y procesamiento de los delitos de odio. Más aún, se deberían eliminar los obstáculos jurisdiccionales federales anticuados para garantizar que prospere –como garantía de recurso provisional— el procesamiento federal de los delitos de odio perpetrados por razones de raza, color, religión u origen nacional, cuando los organismos de ejecución estaduales o locales solicitan o requieren la intervención Federal. Y se deberá ampliar la jurisdicción federal para que incluya los delitos motivados por la orientación sexual, género o discapacidad de una víctima –protecciones no contempladas cuando originalmente se aprobó la ley, pero necesarias para garantizar que todos los norteamericanos estén igualmente protegidos por la ley. Además, debemos incrementar y mejorar nuestra habilidad de monitorear, analizar, y responder al antisemitismo y otras formas de intolerancia de manera concreta, con objetivos claros, resultados mensurables, y teorías que guíen la acción.

Derechos Humanos: Se requiere un compromiso firme de promover los derechos humanos, y mejorar el perfil de los derechos humanos en la política exterior de EE.UU.. De acuerdo con esta idea, Estados Unidos renovará su compromiso de convertir los derechos humanos en una realidad para todos los seres humanos del mundo entero y se compromete a respetar los derechos humanos a nivel interno y en el exterior; no torturará, incluyendo la práctica del simulacro de asfixia con agua (waterboarding), ni tolerará la tortura ejecutada por sus aliados; y renovará su promesa de confirmar la Convención de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otras Formas de Trato o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante. Más aún, EE.UU. respetará plenamente el derecho fundamental del habeas corpus; trabajará intensamente para evitar el genocidio e intervendrá, asociado con la comunidad internacional, para poner fin a las atrocidades masivas permanentes; apoyará a los adalides de los derechos humanos y organizaciones gubernamentales en países donde las libertades básicas son objeto de agresión; y apoyará los derechos humanos de mujeres y niñas en todo el mundo ratificando la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Estados Unidos trabajará para promover la tolerancia y la protección de los derechos individuales en todo el mundo. Los derechos humanos y la democracia están integralmente relacionados –las instituciones democráticas son la mejor manera de garantizar el respeto por los derechos humanos. El crecimiento de la democracia en Europa oriental, la ex -Unión Soviética, y América Latina ha sentado las bases de las libertades individuales en esos países. Estados Unidos debe apoyar activamente el crecimiento permanente de la libertad y la democracia en estas democracias en ciernes, y desalentar las violaciones de los derechos y privilegios de las minorías. Hacerlo redundará en nuestro propio interés nacional –y concuerda con los valores norteamericanos. Más aún, Estados Unidos debe presionar por los derechos humanos en otros sitios –en los estados árabes de Medio Oriente, China, el sudeste asiático, y otras regiones.

Es deplorable la limpieza étnica de otros musulmanes en la región Darfur de Sudán a cargo de la milicia Janjaweed con el apoyo del gobierno sudanés. Debemos centrar la atención en la situación difícil de los centenares de miles de sudaneses cuyas vidas están en peligro por la violencia y una falta brutal de respeto por la vida. Esta crisis genocida requiere una respuesta más intensa y efectiva de la comunidad internacional.

Política energética: Creemos que las opciones energéticas que enfrenta nuestra nación plantean grandes desafíos y oportunidades, y exigen soluciones audaces. Las políticas energéticas de las décadas recientes han creado una situación que amenaza la seguridad nacional de EE.UU., su medio ambiente y bienestar económico. La demanda de subproductos del petróleo por parte de EE.UU. ha aumentado significativamente desde la crisis petrolera de la década de los 70, y el precio ajustado por inflación del petróleo importado casi se ha triplicado. Con demasiada frecuencia, los dólares utilizados para adquirir petróleo importado terminan apoyando a regímenes, como los gobiernos de Irán y Venezuela, cuyos valores son contrarios a los de EE.UU. y, en algunos casos, significan una amenaza estratégica. Además, la gran transferencia de riqueza al exterior creada por nuestra dependencia de las fuentes extranjeras de petróleo –ya sea regímenes hostiles u otros—desvía recursos que si se invirtieran internamente podrían ayudar a crear buenos empleos y a financiar inversiones muy necesarias en educación, iniciativas sociales e infraestructura física.

Además, el cambio climático –que según las opiniones científicas se acelera por las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del uso de combustibles fósiles—puede potencialmente afectar nuestra forma de vida, dañar en forma permanente el ambiente natural, crear crisis humanitarias, y provocar conflictos políticos y estratégicos. La inversión en una red de suministro de energía renovable reduciría las emisiones de gas de efecto invernadero y restauraría el liderazgo tecnológico de EE.UU., ayudando a construir una economía sustentable que cree empleos y riqueza en el país.

Se requiere una combinación integral de políticas energéticas a fin de promover estos objetivos. Dicha combinación debe incluir el mejoramiento ulterior de la eficiencia de los combustibles para vehículos –aprovechando el fortalecimiento y la expansión histórica de la Norma Empresarial Promedio de Ahorro de Combustible de 2007—que da respuesta a problemas de seguridad y ambientales al reducir el uso de petróleo y las emisiones, y la promoción de combustibles alternativos renovables, y los vehículos impulsados por electricidad, la inversión en tecnologías de baterías novedosas y materiales livianos para vehículos; la mejora de la eficiencia de edificios y artefactos; la expansión y mantenimiento de programas de tránsito masivo; la ampliación del suministro de electricidad renovable, de fuentes tales como solar, eólica, biomasa y marina; y la inversión en energía producida por gas natural, energía nuclear y tecnologías limpias de carbón. Junto con una mayor producción interna de petróleo y gas con estrictos resguardos ambientales, estas medidas reducirán la dependencia de nuestra nación de las fuentes extranjeras de energía, mitigarán los efectos del cambio climático, y crearán millones de nuevos empleos de “cuello verde” en el país. Nuestro partido está comprometido con la creación del consenso bipartidista necesario para apoyar un plan energético tan multifacético –un plan que deja de lado las diferencias partidarias de larga data, y combina esfuerzos serios para la conservación y eficiencia energética, por una parte, y por la otra, medidas para ampliar el suministro sustentable.

Educación superior: El Título VI de la Ley de Educación Superior asigna fondos federales para estudios internacionales y centros de lenguas extranjeras seleccionadas en universidades de todo el país. El Congreso aprobó el Título VI para ayudar a cubrir necesidades nacionales vitales –como capacitar expertos para el servicio de seguridad nacional y otros de la esfera del gobierno, y educar al público sobre las relaciones internacionales. Lamentablemente, el programa del Título VI no se adapta adecuadamente a los objetivos básicos para los que se creó. No se realiza virtualmente ningún esfuerzo para determinar las necesidades del gobierno –o la nación—en cuanto a lenguas extranjeras y otras habilidades internacionales, o para cubrir las mismas. Una ideología profundamente cínica hacia Occidente y Estados Unidos impregna muchos centros del Titulo VI, disuadiendo a los becarios de participar en programas que pretenden cubrir las necesidades norteamericanas de seguridad. Los centros del Título VI excluyen a becarios con otras perspectivas –sofocando por ende el discurso sobre asuntos de gran importancia— y difunden opiniones unilaterales a públicos alejados de los campus universitarios, a través de programas de extensión a maestros K-12, educadores, y público en general. Apoyamos la reforma del Título VI para garantizar que los fondos de dicho Título se empleen para los importantes fines que pretende el Congreso, y aporten un nivel modesto de responsabilidad para evitar el mal uso o abuso del programa.

Derechos civiles y libertades civiles: El gobierno federal ha desempeñado un rol central, y debería seguir haciéndolo, en el cumplimiento de los derechos civiles. Nos comprometemos seriamente a hacer cumplir plenamente toda la legislación federal que prohíbe la discriminación injusta.

Es esencial que no se revoquen las protecciones de los derechos civiles obtenidas después de décadas de lucha. No apoyaremos las medidas del Congreso, o a nivel estadual, que en caso de prosperar resultarían en la revocación generalizada de programas de larga data voluntarios e impuestos por los tribunales de acción afirmativa e integración, y apoyamos enérgicamente el uso prudente de metas y cronogramas, junto con abordajes como una mejor contratación y capacitación, para ayudar a tener iguales oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, nos oponemos al uso de cupos, que no deberían ser parte de ningún programa de acción afirmativa.

Apoyamos el derecho a la elección reproductiva y nos oponemos a los esfuerzos tendientes a socavar el fallo de la Suprema Corte en el caso Roe v. Wade. También instamos a apoyar la financiación total del Programa de Planificación Familiar del Título X, y a oponerse a la institución de una política de “regla de mordaza”, que viola la relación médico-paciente, la Primera Enmienda, y el derecho básico de la mujer a la privacidad.

Apoyamos la Ley de no-discriminación en el empleo, una medida importante para proteger los derechos civiles prohibiendo la discriminación en el lugar de trabajo basada en la orientación sexual, y nos oponemos a los esfuerzos tendientes a reformar la Constitución de EE.UU. para definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, un intento perturbador e innecesario de consagrar en la Constitución un punto de vista religioso sobre un asunto de fundamental importancia.

Problemas de inmigración y refugiados: La inmigración ha enriquecido la sociedad norteamericana de numerosas formas. Nuestro partido sigue comprometido con políticas en virtud de las cuales Estados Unidos mantiene su rol de refugio para quienes huyen de la persecución, e implementa una política de inmigración efectiva y humana coherente con nuestro patrimonio de Nación de Inmigrantes, al mismo tiempo que sigue comprometido con proporcionar respuesta a las preocupaciones permanentes de nuestra nación respecto de la seguridad, incluyendo el mejoramiento de la seguridad de las fronteras.

En este sentido, se deberá restablecer el ingreso de refugiados a un nivel más elevado y adecuado, y se deberá asignar a los programas de protección y reasentamiento de refugiados recursos que reflejen las mejores tradiciones de esta nación. También nos oponemos a la implementación de límites arbitrarios a la cantidad anual de asilados y personas admitidas condicionalmente que pueden solicitar la residencia permanente en EE.UU.

En cuanto a la reforma inmigratoria general, se perdió una buena oportunidad de reparar nuestro sistema inmigratorio imperfecto cuando el año pasado se dilató en el Senado el proyecto de Reforma Inmigratoria Integral. Apoyamos un camino merecido a la ciudadanía para los millones de personas trabajadoras, respetuosas de la ley que han vivido en EE.UU., durante un período prolongado y desean convertirse en miembros plenos, aportantes, y productivos de la sociedad norteamericana. Este merecido programa de legalización deberá también brindar oportunidades a grupos vitales para el sostenimiento de la economía norteamericana, como trabajadores rurales y estudiantes indocumentados que aspiran a obtener acceso a la educación superior. Asimismo, un sistema inmigratorio mejor organizado que ofrezca canales legales para que los inmigrantes ingresen a EE.UU., incluyendo más visas de trabajo legales y más visas para familias inmigrantes guardará coherencia con nuestros valores democráticos y contribuirá a la seguridad y bienestar económico de la nación.

Los enfoques que consideran la deportación como primera medida agravan la disfunción de nuestro sistema actual y minan los valores sobre los que se construyó Estados Unidos. Por el contrario, una reforma inmigratoria integral aumentará nuestra seguridad nacional aportando mayor seguridad en las fronteras y una ejecución efectiva que sea segura, justa y humana, con mejor información y control sobre quiénes ingresan a nuestro país, y será más eficaz en evitar que ingresen a este país aquellos que desean causarnos daño, aún cuando la merecida legalización y las mayores protecciones a los trabajadores integren mejor a los inmigrantes a nuestra sociedad.

Además, apoyamos que se recuperen y usen visas perdidas en demoras burocráticas para familias que esperan para ingresar a EE.UU., y garantizar estándares mínimos de tratamiento médico para quienes solicitan asilo y otros inmigrantes en centros de detención. La integración de inmigrantes recién arribados debe también ser una prioridad. Debemos incrementar la disponibilidad y posibilidad material de programas de idioma inglés y educación cívica para inmigrantes que lo que más desean es convertirse en miembros plenos de la cultura y sociedad norteamericanas.

Servicio Nacional: Los programas de servicio civil han captado el interés y la imaginación de los gobiernos en ambos sectores de la política por lo menos desde la década de 1930. Recientemente la profusión de buena voluntad, compasión y solidaridad después del 11 de septiembre, el Huracán Katrina, y otras crisis nacionales se ha reflejado en una tendencia hacia un voluntarismo y servicio que está en el punto máximo de los últimos treinta años en Estados Unidos. El apoyo bipartidista al servicio nacional ha aumentado en los últimos años gracias al hecho de reconocer que los programas de servicio cubren importantes necesidades de la sociedad y crean hábitos de participación civil en aquellos que prestan servicio, vinculando así los derechos y privilegios que disfrutan los norteamericanos a un claro sentido de responsabilidad.

Fomentando este nuevo espíritu de servicio, instamos a la incorporación de una nueva Ley de Servicio Nacional dentro de los primeros 100 días del nuevo gobierno, y apoyamos la promulgación dentro del primer año, de una legislación Federal integral que aporte escala al servicio, implementando programas de servicio estructurados para incorporar al menos un millón de participantes para el año 2020, a fin de responder a las urgentes necesidades de educación, medio ambiente, salud pública, lucha contra la pobreza, y alivio en los desastres.

Educación Pública: La seguridad futura de nuestra nación y su capacidad de competir con éxito en el mercado mundial se basan en gran medida en la calidad y disponibilidad de educación pública. Centrándonos en los fracasos de nuestra sociedad en relación con los más desfavorecidos, es esencial que se ofrezca educación de calidad a todos los jóvenes de nuestra nación. Hacemos un llamamiento a asignar nuevamente importancia a la educación pública a nivel nacional, estadual, comunitario, y familiar, para que las escuelas públicas puedan cumplir su promesa como instituciones democráticas, y ofrecer oportunidades a todos los niños. El gobierno federal deberá desempeñar un rol clave en aclarar y promover los valores de la educación cívica, incluyendo la enseñanza del rechazo a la intolerancia. Específicamente, apoyaremos la financiación equitativa de escuelas, salarios competitivos para contratar maestros y administradores idóneos, directores efectivos para las escuelas y distritos escolares, escuelas seguras, limpias y modernas, menor cantidad de alumnos por clase, programas de calidad para la enseñanza en la escuela y complementaria, y como elemento esencial, mayor participación de los padres.

Los fondos públicos se deberán asignar sólo a las escuelas públicas, donde se educa la mayoría de los niños norteamericanos. Nos oponemos al desvío directo o indirecto de los escasos fondos provenientes de los contribuyentes a través de vales o deducción de impuestos por educación, para pagar por alumnos que asisten a escuelas privadas religiosas o no religiosas. Incluso después del fallo de 2002 de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Zelman v. Simmons-Harris, la financiación de escuelas religiosas sigue estando sujeta a limitaciones constitucionales, incluyendo el requisito de que los programas de vales deben permitir a los padres la elección de una institución secular, y disposiciones constitucionales estaduales. Asimismo, si bien un determinado programa puede ser constitucional, el desvío de fondos de los contribuyentes a escuelas religiosas no guarda coherencia con el sensato principio que establece que los fondos aportados por los contribuyentes no se deben utilizar para promover la instrucción religiosa, el culto o el proselitismo. El fallo de la Corte en Locke v. Davey en 2004 indica que no existe obligación constitucional federal de financiar escuelas religiosas simplemente porque el estado financia instituciones seculares. Además, el uso de fondos públicos para mantener las escuelas privadas es una mala política pública. Por el contrario, apoyamos la elección educativa entre escuelas públicas como modo de mejorar el desempeño de nuestras escuelas dentro del sistema de educación pública.

Libertad Religiosa: El partido reitera su profundo compromiso con los principios constitucionales de separación de la iglesia y el estado, y el derecho de los ciudadanos a ejercer libremente sus creencias religiosas. Nos oponemos a los intentos de aprobar enmiendas a la Constitución de EE.UU. y a la legislación federal o estadual que permitan la oración patrocinada por la escuela en las escuelas públicas, o que de alguna otra manera socaven la protección crucial de la libertad religiosa incluida en la Primera Enmienda. Si bien se debería fomentar que las escuelas públicas de la nación enseñen sobre religión, y transmitan los valores cívicos básicos, la oración obligatoria o “voluntaria” fomentada en las escuelas, o la enseñanza de la religión de forma que parezca avalar principios de fe religiosa, compromete peligrosamente los principios constitucionales consagrados.

Además, si bien estamos a favor de la cooperación entre el gobierno y los proveedores de servicio social basado en la fe, esta cooperación se debe implementar en un contexto que asegure garantías adecuadas contra la discriminación e iglesia-estado. Cuando el gobierno se asocia con organizaciones religiosas en la provisión de servicios sociales, los fondos del gobierno no deben fluir directamente a organizaciones predominantemente religiosas, como sinagogas, iglesias y mezquitas; no debe existir discriminación contra los beneficiarios de programas financiados por el gobierno; y no debe haber discriminación basada en religión para la contratación de prestadores de servicios. Las protecciones son necesarias, asimismo, para evitar la proselitización de los beneficiarios y el conflicto entre grupos religiosos que compitan por los mismos fondos públicos.

Avalamos enérgicamente la Ley de libertad religiosa en los lugares de trabajo, legislación bipartidista que cambiaría radicalmente la erosión sustancial a manos de los tribunales de las disposiciones referidas a la adaptación a las creencias religiosas del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas. Estas disposiciones pretendían brindar protección significativa a los empleados religiosos contra la discriminación en el lugar de trabajo. La Ley de Libertad religiosa en el lugar de trabajo (WRFA en inglés) protegerá a los trabajadores norteamericanos contra la obligación de elegir entre su fe y su medio de vida, asegurando al mismo tiempo que se respeten otros intereses legítimos.

Apoyamos medidas para evitar que se viole la libertad religiosa cuando el estado y los gobiernos locales aprueban leyes de aplicación general. Resulta necesario corregir los graves fallos de la Corte Suprema que debilitaron las protecciones históricamente amplias de la práctica religiosa plasmadas en la Primera Enmienda al sostener que –aun sin existir un interés válido del estado al que no se pueda dar respuesta a través de un medio más limitado— se puede solicitar a un individuo a través de una ley de aplicación general, que transgreda preceptos religiosos, y anular la Ley de Restauración de la libertad religiosa según se aplica a los estados.

Finalmente, nos oponemos a la denominada Ley de restauración de la libertad de expresión en las casas de oración, que permitiría a las instituciones religiosas participar en politiqueo partidario, prohibido a todas las demás organizaciones sin fines de lucro que gozan de exenciones impositivas. Esta medida pondría en peligro la integridad y autonomía de las casas de oración incorporándolas a las campañas políticas partidarias.