La premura internacional –antes de haber accedido siquiera a los hechos- por condenar a Israel en relación con el incidente de la flotilla del 31 de mayo recuerda a los israelíes la peligrosa senda por la que avanzan. Los llamados a la incorporación de investigadores externos dan por sentado que no se puede confiar a Israel la evaluación de sus propias acciones.

Hasta este momento, Israel ha iniciado tres investigaciones del incidente. Una –la evaluación táctica de la Marina- ya se ha completado. Encontró que la operación en la que detuvieron y abordaron las naves se caracterizó por mala inteligencia y preparación inadecuada: no se tomó en cuenta la posibilidad de violencia por parte de los pasajeros.

Recurriendo a una medida inusual, el Jefe del Estado Mayor de las FDI Teniente General Gabi Ashkenazi ordenó la constitución de otra comisión al mando del Mayor General retirado Giora Eiland, ex comandante a cargo de Planificación de las FDI y asesor para seguridad nacional. Se le encargó una misión más amplia: analizar las cuestiones doctrinarias y operativas identificables a partir de las fallas de la operación.

Además, el gobierno nombró una tercera comisión cuyo mandato estaba estrechamente coordinado con los norteamericanos, y quizás por dicho motivo su mandato original era bastante limitado. Bajo la dirección del ex Juez de la Corte Suprema Jacob Turkel, tenía la tarea de examinar la base legal internacional para las acciones de Israel. En este mismo momento, la Suprema Corte se está ocupando de una apelación para modificar la estructura de la Comisión Turkel. El Juez Turkel ya ha solicitado y recibido la prolongación de su mandato, convirtiéndola en una comisión de examen (ver más abajo). También solicitó incorporar dos nuevos miembros a la misma, pedido que se está considerando. En otras palabras, lo que vemos no es solo una auto-investigación israelí a múltiples niveles, sino también la implementación y funcionamiento del sistema israelí de equilibrio de poderes en los organismos de gobierno.

Sin embargo, las criticas provinieron de dos direcciones, una internacional que surge de una atmósfera que considera a Israel culpable hasta que pruebe su inocencia, y que en demasiadas situaciones anteriores ha dejado en claro que ni siquiera aceptará dicha prueba. Los israelíes consideran que esto proviene de antiguos patrones de prejuicio que irracional y desproporcionadamente castigan al estado judío. Un ejemplo típico fue la reciente decisión del mayor sindicato de servicios públicos de Gran Bretaña, UNISON, de interrumpir sus vínculos con Histadrut, la federación de sindicatos de trabajadores de Israel, boicotear los eventos culturales y poner fin a los contactos deportivos y económicos.

La justificación de la operación y el acto en sí mismo demuestran la intolerancia que las caracteriza. Según el sitio Web Hate Monitor, “La moción afirmaba que Israel estaba ‘mintiendo flagrantemente’ respecto del reciente evento en que interceptó la flotilla de asistencia turca cerca de Gaza e ’intentó definirlo como una horda de linchamiento de los pasajeros de las naves contra sus tropas… Otro signo que señala que Israel no responde a las palabras de condena, y sólo la acción logrará algún efecto’”. Por ende el hecho de que el estado judío ofrezca una versión diferente de los sucesos (junto con pruebas significativas, como videos vistos hasta ahora por millones de personas en línea) es en sí mismo evidencia de la perfidia de Israel. El acto de auto-defensa prueba que Israel está “mintiendo flagrantemente”.

Aquellos que conocen la triste historia del antisemitismo reconocerán que esta lógica se retrotrae a la polémica antijudía de los primeros Padres de la Iglesia. En la era actual, secularizada y politizada como antisionismo, sigue siendo una expresión ilógica de odio. A pesar del rol moderador del gobierno estadounidense, se ha considerado que un proceso israelí de investigación interna requiere observadores independientes como condición para ser aceptado globalmente.

Esta exigencia de que hubiera niñeras internacionales para monitorear el proceso fue un extraño ultimátum a un país con un historial tan distinguido de auto-investigación. La tradición de comités de investigación en Israel tiene su antecedente en una ordenanza británica obligatoria de 1921. Y si bien la tradición legal de auto-investigación de Israel precede en 26 años a la adquisición de su categoría de estado, las raíces culturales de la auto-investigación israelí son parte de la cultura judía.

En realidad, la palabra hebrea “presa” es una forma reflexiva de la raíz de la palabra que significa “acusar”, y está relacionada teológicamente con el concepto de nuestra responsabilidad de rendir cuentas a Dios y a nuestros congéneres.

La otra dimensión de la crítica es interna, y para apreciarla debemos entender el contexto de los paneles especiales de investigación de múltiples niveles. En la cúspide está la comisión nacional de investigación, basada en una ley de 1968 que actualizó la ordenanza británica obligatoria de 1921. El gobierno decide la necesidad de tal comisión, y luego se retira. El presidente de la Corte Suprema nombra a un juez en actividad o jubilado para presidir la comisión y nombrar a sus miembros. De forma alternada, dos tercios de los miembros del Comité de Control de la Knesset (que en general no incluye a los ministros del gabinete) pueden, bajo ciertas circunstancias y con el acuerdo del Auditor del Estado, crear tal comisión.

Desde 1968 se han formado catorce comisiones, cuatro de ellas por el comité de la Knesset, que han analizado cuestiones tan diversas como la Primera Guerra del Líbano, la gestión de los recursos hídricos, el asesinato de Rabin, y el fracaso de la guerra de Iom Kipur de 1973.

Una vez que se inicia el trabajo de una comisión, es independiente del gobierno, y tiene autorización de seguridad y amplias facultades para citar testigos, reunir hechos concretos y hacer recomendaciones. En el pasado, sus hallazgos resultaron en la remoción de importantes ministros, generales y otros funcionarios públicos. En realidad, se ha criticado al sistema israelí por otorgarles demasiadas facultades a las comisiones; organismos similares en Gran Bretaña, Australia y otros países sólo están autorizados a investigar.

La Comisión Turkel pertenece a una segunda categoría, la “comisión de examen”. Nombrada por ministros o por la totalidad del gobierno, tiene la responsabilidad de investigar asuntos públicos específicos que pertenecen al ámbito de sus ministerios o que tienen impacto en el bienestar social general. Dichas comisiones también son objeto de críticas, pero en este caso de otra dirección –se las acusa de depender demasiado del ministro de gabinete o gobierno que las forma. Según algunos críticos de la Comisión Turkel, parte de la responsabilidad del fracaso de la operación de la flotilla corresponde al nivel político, y por ende puede resultar inapropiado asignar el asunto a una comisión que rinde cuentas a dicho sector.

La historia no parece corroborar esta crítica. Anteriores comisiones de examen han tenido un peso comparable a las comisiones de investigación, porque tienden a ser igualmente importantes para el público. Un ejemplo es la reciente Comisión Winograd, que investigó la Segunda Guerra del Líbano de 2006 y cuyas conclusiones fueron un factor significativo en las renuncias del Ministro de Defensa Amir Peretz y el Jefe del Estado Mayor de las FDI Dan Halutz.

Israel está haciendo el seguimiento del incidente de la flotilla de Gaza con su propio proceso de autocrítica y autoexamen, habitual y provechoso. Si la historia merece ser tomada en cuenta, las comisiones actualmente en actividad realizarán sus tareas y producirán informes que llevarán a cambios constructivos de política y/o estrategia. 

Sin embargo, en la comunidad internacional no se crean comisiones como consecuencia de errores. En las cancillerías del mundo, pocos diplomáticos o políticos preguntan si sus propias respuestas a los errores israelíes, o en su defecto, a otros sucesos de Medio Oriente, representan algo más que traspiés apresurados, desequilibrados y en última instancia contraproducentes.